En su último fallo de 2024, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos ha condenado a Italia por un registro en 2017 de los archivos del Gran Oriente de Italia. A la principal obediencia masónica del país, fundada en 1805, se le incautaron los nombres de más de 6000 de sus miembros en el marco de una investigación ordenada por una comisión parlamentaria, creada por ley en julio de 2023, cuyo propósito era aclarar los hipotéticos vínculos entre la mafia y la masonería, debido a la información que surgía de los procedimientos penales que se estaban tramitando entonces en diversos tribunales.
